Perú: retroceso en contribuciones de agroexportadoras a Essalud
Según legislación fujimorista, las agroexportadoras pagarán solo 6%
En un controvertido paso, el régimen de Dina Boluarte ha promulgado la Ley 31969 que reduce al 6% los aportes a EsSalud de las agroexportadoras, manteniendo privilegios otorgados por una ley fujimorista. Esta medida, criticada por trabajadores y expertos, contrasta con otros sectores que pagan hasta el 9% en contribuciones al seguro social.
La legislación, aprobada en el Congreso de la República y en vigor desde el 2 de enero de 2024 hasta el 2028, representa un retroceso respecto al régimen agrario anterior establecido por la Ley 27360, también conocida como Ley Chlimper. Esta ley, asociada al exministro de Agricultura José Chlimper Ackerman durante la dictadura de Alberto Fujimori, establecía un aporte del 6% al seguro social para las agroexportadoras.
Esta medida ha sido cuestionada, ya que contradice el nuevo régimen agrario aprobado en el 2020 después del Paro Agrario bajo el gobierno de Francisco Sagasti. Según esta nueva legislación, los aportes a Essalud para empresas agroexportadoras con más de 100 trabajadores debían aumentar gradualmente hasta alcanzar el 9% en el 2025.
Especialistas como José de Echave y Fernando Cuadros critican este cambio, considerándolo un subsidio innecesario a grandes agroexportadoras. El economista Luis Alberto Arias advierte que esto resultará en más privilegios tributarios para el sector, impactando negativamente en los ingresos fiscales y aumentando el déficit fiscal.
A pesar de las críticas, el sector privado, representado por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), celebra la medida. Desde el Ejecutivo, el titular del MEF, Alex Contreras, respalda la decisión y lamenta la derogación de la ley fujimorista en el 2020, calificándola como "nefasta" para el sector. Contreras, junto con la ministra de Agricultura Jennifer Contreras, busca revertir la situación subsidiando a las empresas agroexportadoras.
Este cambio legislativo genera tensiones entre la necesidad de apoyar al sector agroexportador y la equidad en las contribuciones al sistema de salud. Mientras algunos lo ven como un estímulo para la industria, otros lo critican como un costo innecesario para los asegurados y contribuyentes.