Gobierno mexicano denuncia a minas por dañar 15 millones de hectáreas agrícolas
A raíz de los impactos negativos de esta actividad, la Semarnat registró que las comunidades manifestaron su oposición a 169 proyectos comprendidos entre los años 2013 y 2018.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo pública una denuncia este viernes, en la que señala que la minería ha causado daños en 15 millones de hectáreas pertenecientes a 5 000 núcleos agrícolas. Por esta razón, la Semarnat defendió la reforma impulsada por el Gobierno para restringir esta actividad.
Además, la Semarnat ha registrado que, debido a los daños causados por la industria minera, al menos 169 proyectos fueron objeto de oposición por parte de las comunidades entre 2013 y 2018, según lo afirmado en un comunicado por la entidad.
En ese sentido, María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, alertó del “impacto ambiental que esta actividad ha generado por residuos mineros o jales y que contaminan el aire, el agua y el suelo en perjuicio de las poblaciones que están alrededor”.
Aunque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha otorgado nuevas concesiones mineras desde diciembre de 2018, la Semarnat reconoció que se han otorgado un total de 65 534 concesiones para exploración y explotación minera desde 1992. Esto implica más de 117 millones de hectáreas, lo que equivale aproximadamente al 60% de las 195.6 millones de hectáreas del territorio nacional, precisó la funcionaria.
“El país debe contar con un marco jurídico que responda a la impostergable necesidad de dar al sector ambiental herramientas legales con las cuales se pueda defender, de manera efectiva, los recursos naturales y salvaguardar el bienestar de las comunidades”, destacó Albores.
La secretaria de Medio Ambiente realizó estas declaraciones en la Cámara de Diputados para defender la propuesta de reforma presentada por el presidente López Obrador a la Ley Minera. La reforma busca establecer que el Gobierno solo pueda otorgar concesiones mineras a través de concursos públicos y previa consulta previa a pueblos originarios. A su vez, la reforma también contempla reducir la duración de los permisos mineros de los actuales 50 años a 15 años con la posibilidad de solo una prórroga.
Asimismo, establecería la prohibición de la extracción de minerales o sustancias, así como la disposición de los residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, obras y trabajos de exploración.
Al respecto, la Cámara Minera de México (Camimex) ha expresado que la propuesta de reforma tendría un impacto negativo en un sector que realiza inversiones anuales de más de US$4 000 millones, generando 406 000 empleos directos y contribuyendo con un 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI).
Finalmente, la propuesta legislativa tendría un efecto negativo en la industria minera de México, que es el mayor productor mundial de plata, el segundo de fluorita y uno de los 10 principales productores de zinc, oro y cobre, de acuerdo con la agencia Moody’s.