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Nucleo Rural
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EE.UU. impone arancel de más del 20 % al tomate mexicano

El nuevo arancel de 20.9 % podría encarecer el tomate en EE.UU. hasta 10 % y reducir la demanda en un 5 %, afectando a pequeños comercios.

EE.UU. impone arancel de más del 20 % al tomate mexicano
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El 14 de julio marcó un giro decisivo en el comercio agrícola entre México y Estados Unidos: se reactivaron aranceles del 20.9 % sobre las importaciones de tomate mexicano, tras la disolución del Acuerdo de Suspensión del Tomate que había estado vigente desde 1996. Esta medida, impulsada por el Departamento de Comercio estadounidense, busca frenar lo que productores de Florida denuncian como prácticas de dumping. Sin embargo, la decisión amenaza con desestabilizar la cadena agroalimentaria regional y elevar los costos para empresas y consumidores en EE.UU.

Estados Unidos importa dos de cada tres tomates que consume, la mayoría provenientes de México, lo que convierte a este producto en un insumo estratégico para múltiples sectores. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el precio promedio del tomate en mayo de 2025 fue de 1,70 dólares por libra. Con los nuevos aranceles, se estima un incremento del 10 % en los precios al consumidor y una caída del 5 % en la demanda, de acuerdo con el economista Timothy Richards, de la Universidad Estatal de Arizona.

 

 

El impacto se sentirá especialmente en pequeñas y medianas empresas del sector restaurantero. Teresa Razo, propietaria de dos restaurantes en el sur de California, advierte que el alza podría llevarla a la quiebra en tres meses. Mientras grandes compañías como Heinz o DiGiornio afirman que utilizan tomates cultivados exclusivamente en EE.UU., muchos comercios independientes dependen de las importaciones mexicanas por su disponibilidad estacional y su costo competitivo. Para ellos, absorber el impacto financiero será difícil o imposible.

Las autoridades mexicanas y representantes del sector agrícola han rechazado las acusaciones de comercio desleal. Walberto Solorio, presidente del Consejo Agrícola de Baja California, sostiene que el acuerdo ha sido cumplido cabalmente, con auditorías constantes y precios de referencia establecidos. Desde su perspectiva, la medida es más política que económica, y podría dañar injustamente a más de 120 productores mexicanos que han mantenido prácticas responsables.

La incertidumbre generada por esta política arancelaria no solo afecta a los productores mexicanos, sino que también altera la planeación y rentabilidad de empresas estadounidenses. En un entorno global marcado por tensiones comerciales crecientes, este caso ilustra los riesgos de decisiones unilaterales para la estabilidad de las cadenas agroalimentarias y el comercio bilateral. Para tomadores de decisiones del sector agroindustrial, evaluar los efectos a corto y largo plazo será clave para ajustar estrategias de abastecimiento y mantener la competitividad.